La Europol alerta a los países miembros sobre las actividades del crimen organizado ante la abertura hacia el Este
El último informe de Europol apunta, como uno de los peligros de la ampliación de la Unión Europea, la implantación de mafias procedentes de los nuevos países miembros desde el 1 de mayo de 2004: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Malta, Polonia, República Checa y las Repúblicas bálticas de la antigua Unión Soviética (Estonia, Letonia y Lituania). La policía europea, con sede en La Haya (Países Bajos), señala que la abertura hacia el Este brinda nuevas posibilidades para el crimen organizado, ya que muchas de las bandas que operan en los tradicionales países europeos están implantadas o proceden de los estados que se acaban de incorporar. Actualmente, el número de grupos organizados que operan en Europa se sitúa por encima de los 4.000 y, según las cifras que maneja la europolicía, alrededor de 40.000 personas fueron identificadas en el 2003 como miembros activos de estas bandas, tal como informábamos en un anterior artículo publicado el 29 de enero pasado (ver aquí).
Carne de mafias
El informe de Europol es analizado con especial atención por la policía española y muy especialmente por los cuerpos de seguridad con competencias en Cataluña, por ser lugar de paso obligado para los inmigrantes que entran a nuestro país procedentes del Este y por ser un territorio donde las mafias especializadas en inmigración ilegal están bien implantadas. De hecho, estos días se está celebrando el juicio en Barcelona contra 3 presuntos miembros de una banda que se dedicaba a la explotación sexual de adolescentes rumanas, a las que traían con engaños a nuestro país para luego venderlas como si de una vulgar mercancía se tratara.
Una joven de 15 años destapó la trama, al poder eludir la vigilancia a la que la sometían y acudir a la policía. El caso se remonta al verano de 2002 y la adolescente rumana había sido vendida por 1.500 euros como esclava sexual. Después de pasar por un auténtico infierno, recluida en una situación inhumana en la que le obligaron a teñirse el pelo, maquillarse y vestirse con ropa seductora para aparentar ser mayor de edad, obligada a prostituirse en los alrededores de la Avenida Diagonal y las Ramblas de Barcelona, agredida sexualmente en varias ocasiones, pudo por fin escapar y presentarse en la comisaría de policía un 6 de septiembre. Se trata de uno de los muchos casos con los que operan estos grupos dedicados al tráfico de mujeres. Las mafias rumanas actúan en Cataluña sacando el máximo provecho de sus delictivas operaciones. Hay ocasiones en que las mismas furgonetas que llevan a Rumania los objetos robados en Cataluña vuelven cargadas de personas que han sido «reclutadas» con la promesa de un futuro mejor y que, casi en su totalidad, acabarán ejerciendo la prostitución, tal como explica el inspector jefe de la sección del crimen organizado del Cuerpo Nacional de Policía, Antonio Jiménez.
Leyes, pero también solidaridad
El aviso de Europol es motivo de reflexión para el actual Gobierno español, que tiene planteada la difícil papeleta de modificar una Ley de Extranjería que no acaba de solucionar los problemas derivados de la inmigración ilegal, sobre todo en lo que respecta a la llegada de pateras a España a través del Estrecho y en las costas del archipiélago canario, un fenómeno que se cobra constantemente vidas humanas. Sin ir más lejos, el pasado 17 de abril, morían en aguas de Fuerteventura 15 personas al naufragar dos pateras en las que viajaban hacinados. Y en el 2003 fallecieron un total de 165 inmigrantes al intentar llegar a España de forma clandestina. Sólo reivindicaban su derecho a vivir una vida más digna. (ver aquí)
Las primeras propuestas del equipo de José Luis Rodríguez Zapatero, en el sentido de regularizar a los «sin papeles» a través de un reglamento que el anterior gobierno dejó pendiente de elaborar, ha provocado ya algunas reacciones por parte de aquellos que consideran que puede tener un pernicioso «efecto llamada» y que lo que hay que hacer es reforzar la vigilancia y el control de fronteras. Sin embargo, el problema es mucho más complejo y requiere una visión global más amplia que la que plantea cualquiera de estas dos propuestas. Se trata también de desarrollar, entre otras cosas, políticas de cooperación que no se limiten a casos puntuales y países concretos, sino que sean un punto de referencia para todos los países ricos a la hora de establecer su política internacional. Y, evidentemente, que las medidas anteriores vayan acompañadas de un efectivo control de fronteras que implique a los dos gobiernos afectados: el del país que recibe a los inmigrantes, pero también el del país que los «exporta».
La inmigración no debe ser tratada solamente como un problema de orden público. En el caso concreto de España, además del necesario control de fronteras y de los acuerdos a los que se pueda llegar con los países de origen de inmigrantes ilegales, es necesario establecer medidas legales y sociales que permitan un digno sistema de acogida para los que ya han llegado, y que estas medidas contemplen también como objetivo la plena integración social, legal, laboral y lingüística de los inmigrantes, y el reconocimiento del reagrupamiento familiar, tal como se pide en el punto 5 del Pacto por la Vida y la Dignidad. Un punto de vista que es compartido plenamente por la Iglesia.
La Iglesia, a las raíces
La Santa Sede, en un comunicado hecho público ante la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra el pasado 8 de abril, ha denunciado que el tráfico de seres humanos es la peor violación de los derechos de los inmigrantes y ha exigido a la comunidad internacional que vaya al origen de las causas para solucionar el problema. El arzobispo Silvano Tomasi, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas e Instituciones Especializadas, constató en su intervención que «entre las violaciones de los derechos de los emigrantes, el tráfico de seres humanos es la peor. Afecta a un millón de personas transportadas anualmente a través de las fronteras nacionales… Implica diversos tipos de explotación de niños, mujeres y hombres y les somete a condiciones de esclavitud en el trabajo, a los abusos sexuales y a la mendicidad, arrebata a las personas la dignidad que Dios les ha dado y alimenta la corrupción y el crimen organizado. El tráfico de seres humanos ha pasado a ser una industria de miles de millones de dólares».
Asimismo, con respecto a los orígenes del problema, monseñor Tomasi afirma que, «en la raíz de la inmigración, nos encontramos con frecuencia con la pobreza extrema y con el atractivo de posibles puestos de trabajo más libres y humanos en los países de destino, como reflejan poderosamente los medios de comunicación globales». Como posibles soluciones al conflicto, el arzobispo propone políticas de lucha contra el tráfico de emigrantes que contemplen los siguientes elementos:
- «Cooperación internacional en la prevención y en la persecución de los traficantes, así como en la rehabilitación de las víctimas».
- «Políticas de inmigración menos restrictivas y más realistas».
- «La promoción concertada y sostenible del desarrollo económico y social en los países pobres».
- «Una formación continua en una cultura de los derechos humanos y del respeto de la dignidad de cada persona».