Hubo 115.000 rupturas matrimoniales en el año 2002, es decir, que cada 4 minutos y medio se separa o se divorcia un matrimonio en España. Desde la implantación de la Ley del Divorcio en 1981, se han producido 900.000 separaciones y 600.000 divorcios. Tres millones de personas han roto su matrimonio. Además, la ruptura familiar está creciendo más rápidamente que los matrimonios. Así, en España, entre 1996 y 2000, el ritmo de crecimiento de matrimonios ha sido del 7 por ciento, y el de crecimiento de rupturas, del 26 por ciento. Ya hay ciudades españolas, por ejemplo Castellón, donde se han producido más rupturas matrimoniales que matrimonios. Pero eso sí, ya las rupturas de mutuo acuerdo han superado a los procedimientos basados en una causa legal; de modo que, mientras en 1993 las rupturas de mutuo acuerdo fueron 34.331, en 2002 han pasado a 73.545.
Causas de esta explosión en las rupturas matrimoniales
Aunque son muchos los factores que afectan e incrementan la ruptura matrimonial, podemos distinguir principalmente tres:
Por una parte, son factores de índole cultural, ya que se ha transmitido e impregnado en la sociedad la idea de que el divorcio constituye el mejor remedio (y casi único) para solucionar las crisis matrimoniales, con lo cual se rechaza la vía de la reconciliación familiar, un camino mucho más angosto y complicado a corto plazo (sobre todo en los momentos de la crisis) pero de consecuencias infinitamente mejores para los propios cónyuges, los hijos y toda la sociedad. Así, silenciosamente y casa por casa, se ha ido transmitiendo una mentalidad rupturista en la que el divorcio se ha concebido como una conquista social. Además, el individualismo que impregna la mentalidad social en nuestros días ha desnaturalizado, a través del divorcio consensuado, la institución matrimonial. Se ha hecho anteponiendo unos pretendidos derechos individuales de los cónyuges a los de la familia resultante de dicha unión.
Por otro lado, las administraciones públicas han tenido una buena parte de la responsabilidad, a veces por abandono o porque han ignorado el problema. En este sentido, ningún Gobierno español ha implementado medidas preventivas para ayudar a los matrimonios a superar las crisis matrimoniales, cuando ello ha sido insistentemente recomendado por el Consejo de Europa desde hace más de 20 años. No existe ninguna ley de protección a la familia. Otras veces, la administración ha desarrollado o tiene intención de desarrollar leyes que atentan contra la familia: leyes de parejas de hecho homosexuales que equiparan ciertas uniones convivenciales de naturaleza y fines distintos al matrimonio y la familia, con la injusticia y discriminación que ello produce a las familias, el anuncio de agilizar los trámites de divorcios, reformas del código civil para equiparar las uniones de homosexuales con el matrimonio, etc. En otros casos, la causa ha sido la ineficacia. La única medida que se está implementando es el desarrollo de los centros de mediación familiar que no tienen como misión ayudar a superar las crisis matrimoniales, sino reducir los efectos negativos cuando la ruptura ya se ha producido.
Esto nos permite constatar que las distintas administraciones nacionales y autonómicas nunca tuvieron en el pasado ni la voluntad ni la sensibilidad de abordar la ruptura matrimonial. Y lo que es más preocupante, parece que tampoco la administración actual, a pesar de los datos dramáticos, quiere abordar políticamente este grave problema. Es una administración que, en esta área, está fuera de la realidad y desarrolla planteamientos obsoletos que han demostrado su ineficacia y que han fracasado. Es como si no confiasen en el matrimonio y en la familia española.
Por último, hay causas económicas, de vivienda (el 60 por ciento de los ingresos de un matrimonio se destinan a la adquisición de una vivienda) y de conciliación de la vida laboral y familiar. Ambos cónyuges trabajan cada vez más horas fuera del hogar, con jornadas cada vez más extensas que llevan consigo una disminución en la comunicación de la pareja, con los hijos, etc.
El divorcio engendra divorcio
En primer lugar, hay que constatar que, en todas las naciones donde se ha introducido el divorcio legal, han aumentado sostenidamente las rupturas matrimoniales. Por eso el divorcio no sólo no arregla los problemas, sino que los agrava. Por si esto no fuera suficiente, progresivamente, en muchos países occidentales, se ha introducido la voluntad unilateral como causa de divorcio. La evidencia empírica muestra que, en todos los países donde se ha aprobado el divorcio unilateral sin causa objetiva, se ha producido un incremento en el número de rupturas matrimoniales de 2 a 7,5 veces superior en el período posterior al cambio legal.
En efecto, hasta los años 60 del pasado siglo XX, las diversas legislaciones que permitían el divorcio sólo contemplaban la posibilidad de que uno de los cónyuges solicitara el divorcio si el otro incumplía deberes conyugales objetivos y objetivables, tipificados en la propia ley: adulterio, violencia, abandono, etc. Sin embargo, poco a poco se introduce la mentalidad, que pronto se traduce en leyes, de que es posible solicitar y conceder el divorcio con el simple requisito de que los cónyuges se pongan de acuerdo en ello. Más aún, las distintas legislaciones han terminado aprobando el «derecho» a que uno de los cónyuges, unitaleralmente, sin que existan causas objetivas graves que lo justifiquen y sin que la otra parte pueda evitarlo de modo alguno, solicite y consiga el divorcio alegando simplemente la pérdida de la llamada «afectio maritalis«. Esta transformación se inicia en 1969 con la Family Law Act del Estado de California, la Divorce Reform Act inglesa del mismo año y la ley de divorcio italiana de 1970.
Consecuencias psicológicas, económicas y sociales del divorcio
Multitud de investigaciones demuestran que las consecuencias del divorcio están afectando de diversa manera al llamado «Estado del Bienestar». A partir de la década de los 90, varios gobiernos han comenzado a preocuparse del tema, impulsando estudios sobre los efectos sociales del divorcio. El último informe interdisciplinar sobre el divorcio a nivel mundial, realizado en el año 2002 por la Universidad de los Andes de Chile, demuestra que los hijos de padres divorciados presentan mayores dificultades en sus relaciones paterno-filiales y sociales, mayores problemas psicológicos y de fracaso escolar, y una mayor probabilidad de terminar su matrimonio en divorcio. Otros estudios médicos demuestran que los hijos de padres divorciados presentan un mayor nivel de agresividad, con aumento de delincuencia y drogadicción en relación con los hijos de los matrimonios estables.
El informe interdisciplinar anterior continúa poniendo de manifiesto que los cónyuges divorciados presentan más problemas de salud mental y física y tienen 6 veces más problemas psiquiátricos, entre el doble o el triple de probabilidad de suicidio o muerte por accidente; son 4,5 veces más propensos a abusar del alcohol y de las drogas o a ser adictos a éstos; y tienen mayores tasas de fallecimiento por enfermedades crónicas. En la misma línea de investigación, la doctora Linda J. Waite, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago y presidenta de la Asociación de la Población de América, ha defendido en multitud de ensayos que estar casados mejora la salud física y psíquica y alarga la vida. En el año 2000, junto con la socióloga Maggie Gallagher, publicó The Case for Marriage, un trabajo en el que muestra los beneficios que supone a largo plazo el matrimonio para la sociedad.
Por otro lado, las mujeres y los hijos experimentan un empobrecimiento tras el divorcio, ya que forman hogares monoparentales que son el foco prioritario de los programas sociales del Estado. Datos de 1994 reflejan que, en Inglaterra, el 77 por ciento de las madres divorciadas reciben ayudas estatales. En 2000, un 34 por ciento de las familias monoparentales mantenidas por mujeres en Estados Unidos se encontraban en condiciones de pobreza. La realidad es que, para el cónyuge que vuelve a casarse (mayoritariamente son los varones los que vuelven a hacerlo), se crean una serie de nuevos vínculos jurídicos y patrimoniales que, por fuerza, lo alejan de su primera familia, lo cual hace muy difícil mantener financieramente dos o más hogares. La mujer tiene que buscar un empleo que se ajuste a su situación sociofamiliar, con la consiguiente fatiga personal. Por lo tanto, existe un gasto social generado por el divorcio que no se puede obviar.
El índice de matrimonios en Europa, según informes europeos, ha disminuido de manera significativa. Concretamente ha pasado de 8 a 5,1 bodas por cada 1.000 habitantes entre 1960 y 1995. Al mismo tiempo, se ha triplicado el índice de divorcios, que pasa de 0,54 a 1,8 por cada 1.000 habitantes (excepto en Irlanda). Esto quiere decir que se está produciendo una modificación de la estructura social a nivel mundial, lo que puede estar perjudicando las relaciones interpersonales.
Debido al aumento paulatino de la violencia doméstica, en 1999, la Unión Europea puso en marcha una campaña de sensibilización sobre la violencia ejercida en las mujeres. El 96 y 94 por ciento de los encuestados menciona el alcoholismo y la drogadicción respectivamente como causas de la violencia doméstica. El desempleo fue citado por el 79 por ciento de las personas interrogadas y la exclusión social, por el 75. En España, según diversos datos estadísticos de Servicios Sociales y de la Policía, la edad media de la mujer maltratada está entre los 30 y los 50 años, aunque también se están incrementando las agresiones a mujeres de 20 años de edad. Más de 6 de cada 10 mujeres maltratadas no tienen trabajo remunerado.
Generalmente son mujeres que ya han sufrido malos tratos y agresiones durante la infancia. La mayoría de las mujeres maltratadas estaban casadas o tenían pareja y, casi en su totalidad, se encontraban en proceso de separación o divorcio. Curiosamente, según el Instituto Nacional de Estadística, el mayor número de divorcios se produce en el mismo rango de edad (de 30 a 49 años) que la media de la mujer maltratada, tanto para mujeres como para hombres. Creemos que no hay que confundir el estado civil de las mujeres maltratadas, casadas o en pareja, con las causas de dicho maltrato. Es obvio que, si hay más mujeres maltratadas casadas o en pareja que solteras, es porque el número absoluto de mujeres casadas es mayor que el de solteras en ese rango de edad. Ello no da por supuesto que el matrimonio favorezca el maltrato familiar.
Soluciones: el desarrollo de una cultura con perspectiva de familia, activa y de prevención
En primer lugar, hay que ser conscientes de la magnitud del problema (una ruptura cada 4 minutos, los divorcios y las separaciones en España han crecido en casi un 40 por ciento desde 1996 y un 72 por ciento desde 1992, etc.) y de que el divorcio engendra divorcio y se transmite de generación en generación. En todas las naciones donde se ha introducido el divorcio legal, han aumentado sostenidamente las rupturas matrimoniales. Hay que transmitir que la ruptura no es ni la única ni la mejor opción ante la crisis matrimonial.
En segundo lugar, hay que tener voluntad política de solucionar o reducir el problema. Las administraciones deben cambiar el chip ante la ruptura y no quedarse como entes pasivos como hasta ahora. Deben ser conscientes de que su política, hasta ahora, ha sido ineficaz y, en muchos casos, errónea.
La pregunta que deberían contestar es la siguiente: ¿Es un bien en sí mismo favorecer la reconciliación matrimonial y evitar la separación y posterior divorcio?
La propuesta política en nuestro país está siendo bien distinta. Siendo España uno de los países donde ha aumentado más en términos relativos la tasa de separaciones y divorcios, algunos partidos políticos están proponiendo como novedad la agilización de los procesos de divorcio, además de la supresión del período previo de separación, sin tener en cuenta la importancia de potenciar campañas de prevención, formación y terapia familiar que favorezcan la reconciliación. Con ello, se deja entrever que, para divorciarse, es suficiente el mutuo acuerdo de los cónyuges, o incluso, previas las oportunas reformas, el derecho de repudio, al que llamarían de otra forma por no ser un término «políticamente correcto». En definitiva, en lugar de potenciar campañas de prevención, formación y terapia familiar que favorezcan la reconciliación, se potencia la ruptura matrimonial o al menos, como está ocurriendo en algunos estados de Estados Unidos, la opción de los denominados «matrimonios blindados«.
En efecto, además del aumento del divorcio en Europa, podemos afirmar que Estados Unidos es el país del mundo donde la tasa de divorcio es mayor y uno de los que presentan mayor índice de delincuencia. Frente a tan cruda realidad, Estados Unidos está intentando volver a legislar el matrimonio indisoluble. En efecto, desde 1997, en el Estado de Louisiana, las parejas que se casan pueden optar por el llamado «matrimonio blindado», es decir, pueden excluir voluntariamente la posibilidad del divorcio. Además, se propone un tiempo de reflexión y ayuda terapéutica para solucionar el conflicto. Esta reforma está debatiéndose actualmente en más de 20 estados norteamericanos y en algunos países europeos, como Inglaterra.
En tercer lugar, hay que desarrollar políticas públicas activas, con perspectiva de familia y preventivas. Es con esta triple vertiente como se empezará a solucionar el problema.
Se necesita que las políticas públicas (leyes y medidas económicas, fiscales, educativas, culturales, etc.) se desarrollen con perspectiva de familia. Deben desarrollarse campañas de sensibilización y de concienciación de la importancia del matrimonio y la familia, de las funciones sociales que cumple y del bien que representa para la estabilidad emocional, psicológica y física tanto para los padres como para los hijos y para la sociedad.
La cultura de un país se mide por la capacidad de estrategias de prevención en diferentes áreas, pero especialmente en aquellas que hacen referencia a la proyección del bienestar de las familias. Detrás de cada persona que se divorcia, hay un conflicto por resolver y un drama familiar. Y para ello, se necesitan organismos públicos y privados (centros de orientación y terapia familiar) compuestos por especialistas en distintas áreas (orientadores familiares, terapeutas, juristas, psicólogos, asistencia social, etc.) que ayuden a los matrimonios a superar las crisis matrimoniales.
Hace ya mucho tiempo, el Consejo de Europa, resaltando la especial naturaleza de la familia y teniendo en cuenta el aumento paulatino de las rupturas matrimoniales entre los años 1974 y 1980, redactó dos importantes documentos mediante los que recomendaba a los estados miembros promover y fomentar la instauración de centros de orientación familiar, como centros de atención integral a la familia, en los que, con carácter previo a la vía judicial, pudiera buscarse la reconciliación de cuantas personas atravesasen situaciones conflictivas en el seno de la familia.