El Gobierno de José María Aznar hizo en el año 2000 una buena ley en el sentido de que otorgaba a los extranjeros que estuvieran inscritos en el padrón municipal el derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Esto permitía a las personas inmigradas ilegalmente acceder a las prestaciones de la sanidad pública española. Nos parece que era y es una medida humana y desde el punto de vista cristiano una exigencia. No se pueden confundir los derechos de ciudadanía que regula el Estado, con aquello que es inherente a la condición del ser humano, con independencia de cuál sea su naturaleza jurídico-administrativa y es evidente que la salud es una de estas componentes que van ligadas a la condición de ser persona y que deben ser necesariamente atendidas.Leer más
