Este año se cumple el 10º aniversario de la presentación por parte del Partido Popular del recurso contra la ley sobre el aborto que aprobó el Congreso por iniciativa del gobierno del presidente Zapatero.
Es un hecho insólito e inaudito que daña la confianza en la última instancia garante de la constitucionalidad, que una década después no haya aún resuelto el cuestionando. Es lesivo para el estado de derecho por qué garantía ofrece un tribunal que actúa de esta manera. Aún más, si es que esto es posible, cuando por otras cuestiones ha procedido con una celeridad extraordinaria. ¿Qué importancia tiene para el sistema constitucional español el valor y significado de la vida humana? Porque estas dos cuestiones, significado del comienzo de la vida y valor de esta, son las que están en cuestión con aquella legislación.
Pero al escándalo de la ocultación del recurso -¿qué significa sino la década transcurrida?- por parte del Tribunal Constitucional, hay que añadir, en un segundo orden, el desinterés del PP por su propio recurso. ¿Cómo puede aceptar, si para él la ley del aborto es tan importante como da a entender un recurso al TC, que deje pasar tantos años sin efectuar el más mínimo pronunciamiento? Este desinterés debe ser subsanado inmediatamente si no quiere dar lugar a un pésimo juicio sobre su forma de proceder.
Consecuentemente:
- Pedimos al Tribunal Constitucional, que sitúe en su agenda de trabajo y resuelva de una vez por todas el recurso referido.
- También pedimos al PP que se presente en la forma que proceda ante el más alto tribunal, y solicite la inmediata resolución del recurso.
A parte del PP nadie más está legitimado para hacerse presente en esta cuestión, pero esta limitación legal no significa que permanezcamos de brazos cruzados, porque el asunto es demasiado grave y tiene un doble alcance.
El primero ya apuntado, sobre el desprecio a la condición jurídica de la vida humana del que ha de nacer.
Hay además una segunda cuestión: con independencia de tener una posición opuesta o favorable a la mencionada ley, la forma de proceder del TC señala una grieta grave del sistema constitucional, y que por tanto debe interesar a todos los que velan desde una posición u otra por el estado de derecho.
Por esta razón:
- nos dirigimos a todos los decanos de los colegios de abogados de España y a su organización colegial, y todas las asociaciones de jueces y fiscales para exponerles lo que desde nuestro punto de vista es una anomalía.
- nos dirigiremos a las organizaciones presentes en el Parlamento Europeo, y a los representantes del Consejo de Europa, para dar a conocer la anómala situación que se vive en España en el orden constitucional. Será el inicio de una acción europea e internacional para mostrar el riesgo que significa para los derechos constitucionales procedimientos de este tipo.
Nos desagrada profundamente tener que recurrir a la queja publica. Lo quisiéramos de otra manera, pero el hecho es demasiado grave como para permanecer más tiempo en silencio, porque en este caso el silencio es cómplice.
