La mayoría del Congreso de los Diputados y la Fiscalía General del Estado no indaga sobre el 99,8% de los casos de Pederastia. Sólo le interesa el 0,2% presuntamente atribuible a sacerdotes y religiosos
Los datos son bien conocidos: los casos de pederastia confirmados y presuntos producidos entre 2009 y 2019, es decir, los que realmente tienen efectos penales porque no han prescrito, tan solo incriminan a sacerdotes y religiosos en un 0,2%. Este dato procede de la fundación ANAR, que desde 1970 se dedica a la atención de niños y adolescentes en riesgo.
Lo que significa que en su casi totalidad las víctimas de presuntos abusos han tenido a otros responsables. Destacan el 39,2% de los casos cometidos por los familiares más cercanos (padres, abuelos, hermanos y hermanas, padrastros, madrastras y hermanastros). El entorno familiar más lejano y los amigos de la familia significan el 15,3% (con una participación significativa de tíos, 5,4%; y sobrinos, 4,7%). La pareja o ex pareja del menor representa el 8,0% de los casos. Los abusos producidos por relaciones surgidas de internet son el 5,25% y los producidos por profesores y monitores del ocio 4,7%.
La cuestión es ¿por qué dada a conocer esta lacra social de la pederastia, ni el Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General investigarán la inmensa mayoría de casos, limitándolos tan sólo al 0,2% eclesiales? La manipulación de la realidad y la discriminación que se comete se hace evidente si se considera que, los profesores, que representan el 3,7% de los presuntos abusos, y que no son ni de lejos el colectivo más númeroso, que es un grupo corporativo básicamente integrado por funcionarios estatales y significa 18 veces más que los sacerdotes y religiosos, no son objeto de atención. ¿Es que el Estado es inocente de las responsabilidades de su colectivo?
Queremos recordar además, que la Fiscalía General del Estado, siendo titular María José Segarra Crespo y ministro de Justicia la actual Fiscal General, Dolores Delgado, ya solicitó a las diversas instancias fiscales una información, que nunca culminó, sobre todos los casos de pederastia y no exclusivamente los religiosos. ¿Por qué ahora se limita tanto el foco de la indagación?
Existe una voluntad política deliberada de sacar del foco el problema social de la pederastia, tan extendido a nuestra sociedad, y esconderlo detrás de los sacerdotes y religiosos, que como colectivo presenta un número de casos de reducida incidencia, tanto en términos relativos como absolutos, en comparación con todos los demás colectivos que se relacionan con menores. En realidad se pretende convertir a la Iglesia en chivo expiatorio de un pecado social y de las instituciones civiles.
Exigimos una rectificación de los Diputados y de la Fiscalía a fin de estudiar todos los casos verificados y presuntos e incluir a todas las víctimas.
Todo lo que no sea esto es ocultación por parte de las instituciones y constituye un escándalo y una vergüenza.
