El presidente de e-Cristians, Josep Miró i Ardèvol, ha escrito de nuevo al Defensor del Pueblo, actualmente ostentado por Ángel Gabilondo, para interpelarle sobre la investigación que ha iniciado por encargo del Congreso de los Diputados de los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.
La investigación ha sido planteada para que se investiguen exclusivamente los caos de abusos sexuales realizados por personas vinculadas a la Iglesia católica y omitir el resto. Algo que, según denunció e-Cristians era una aberración, ya que los de la Iglesia supone el 0,2-0,5% frente al más del 99% restante.
«Me dirigí a Ud. como Defensor del Pueblo en fecha 13 de mayo debido al acuerdo del Congreso de los Diputados de 10 de marzo de 2022, al encargarle constituir una comisión para “elaborar un Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos”. «Este primer escrito ha merecido el silencio por toda respuesta. Es la única autoridad que ha procedido de manera tan desatenta, dado que tanto la Presidencia del Gobierno como la Ministra de Justicia, a quien también nos dirigimos, han dado cumplida respuesta», comienza la carta de Josep Miró i Ardèvol, presidente e-Cristians, en nombre de la Comisión Ejecutiva y del Secretariado General de e-Cristians.
La carta se remite a la comparecencia a petición propia que realizó el Defensor del Pueblo en la correspondiente comisión del Congreso el pasado día 20 de junio.
En el transcurso de aquella comparecencia, Gabilondo afirmó: “Quiero pensar que la Iglesia colaborará. No deben pensar igual quienes han llevado este asunto al Tribunal Constitucional”. Miró considera que «Esta sola frase define su prejuicio. ¿En base a qué razón se atreve a formular tal juicio en una Comisión del Congreso? Le pedimos que rectifique».
Para justificar que no hay discriminación ante las preguntas de un diputado, Gabilondo ofreció a la Comisión este extraño razonamiento: “Bueno, desde luego la Iglesia no es un grupo étnico, y no se hace ningún tipo de persecución étnica a la Iglesia”. «¿Qué tiene que ver en este caso la dimensión étnica con la discriminación? ¿Es que acaso tal vulneración constitucional solo se cumple en este supuesto? ¿Es necesario recordar lo que establece el artículo 14, que incorpora explícitamente la discriminación por causa religiosa? No, claro que no, entonces ¿por qué se escuda en el gran equívoco que Ud. mismo promueve?», se pregunta e-Cristians, que prosigue: “Lo cierto es que se ha cometido una discriminación desde el momento en que se vincula el delito de pederastia solo con el ámbito católico”.
La misiva explica: «Que en el ámbito de la Iglesia se han producido abusos sexuales a menores es una evidencia; que son en número marginal en relación con el total de los casos, como mucho el 0,5%, probablemente muchos menos en las últimas décadas, también lo es. Todo esto, como Defensor del Pueblo lo conoce bien. Entonces, ¿por qué fijar exclusivamente la atención en ella, si ya solo en los ámbitos de las administraciones públicas, que es el propio de su actuación, se dan muchos más casos? Han convertido a la Iglesia en chivo expiatorio. Ahora mismo, el escándalo en torno a la inculpación de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, la Sra. Mónica Oltra, por presunta encubridora de un delito de este tipo, cometido por su exmarido, condenado a cinco años de cárcel, es una constatación más, como lo fueron antes los casos de las menores también tuteladas por la administración de las Islas Baleares. Como lo es el goteo diario de noticias de abusos en la escuela, que obviamente incluye en gran medida la escuela pública».
E-Cristians repasa la sobrada evidencia científica sobre el hecho de que la Iglesia constituya una cifra residual en el global de abusos sexuales a menores: «Todo esto muy poco tiene que ver con el ámbito de la Iglesia y sí sobre otros, entre ellos los ámbitos de las administraciones públicas». En ese sentido, «El gobierno, conociendo sobradamente los hechos, habiendo desarrollado incluso estudios específicos, no solo no ha hecho nada para abordar el crecimiento de este delito, sino que deliberadamente ha mirado hacia otra parte, hacia el ámbito católico. ¿Cómo calificar esta elusión deliberada de la realidad?».
En su comparecencia El Defensor del Pueblo llega a declarar: “Es más, comprendo que haya un debate sobre si hubiera sido más ajustado investigar todo tipo de víctimas”, y añade: “Sí, es muy probable que sea necesario investigar los abusos en mayor dimensión. ¡Es probable que lo pongamos incluso en unas conclusiones! Sí, porque tenemos información de que, en el ámbito familiar, el deportivo, institucionales, donde hay confianza y poder, hay situaciones de dominio, abuso y abuso sexual”. La carta a Gabilondo se pregunta: «¿Qué manifestará en las conclusiones, la obviedad de que es muy importante en estos otros ámbitos que señala, de los que omite los que corresponden a la responsabilidad de las administraciones públicas?».
“Y conozco muchos casos de paralización por elevación. ‘Vamos a investigar este caso’. ‘No, mejor todo el mundo’, ‘todo el universo’, y mientras tanto, ese caso no se investiga. En este momento hay una propuesta realista y viable que hemos de hacer”, afirma Gabilondo, a lo que e-Cristians afirma: «Sí, la de la Iglesia. Pero ¿por qué si con ello solo observan una incidencia marginal, que además desvirtúa el género de las principales víctimas? Y para responder a este cuestionamiento, no se le ocurre mejor argumento que este: “Pero he entendido que hay razones para exigir a la Iglesia una actitud singularmente valiosa de ejemplaridad. Y no es afán de perseguir a nadie”. ¿En nombre de qué mandato o ley, el Defensor del Pueblo o las Cortes Generales pueden examinar la conducta de alguien para exigir su ejemplaridad? ¿Quién les otorga tal derecho? No existe tal cosa, como no existe el deber de ser bueno. El estado y sus instituciones solo están para hacer respetar y cumplir las leyes, y no para expedir certificados morales a sus ciudadanos».
Por todo lo expuesto, la carta del presidente de e-Cristians reitera «la petición de que deje sin efecto sobre su institución el reseñado acuerdo del Congreso, y que dedique la Comisión que constituya a conocer todos los casos y a reconocer a todas las víctimas, a partir de los estudios que obran en manos del Gobierno, así como los restantes que están disponibles. Y en este sentido, y para evitar que indagarlo todo sea no hacer nada, como Ud. parece sugerir, comience por uno de los focos más importantes fuera del entorno familiar: los abusos a menores cometidos en ámbitos de responsabilidad de las distintas administraciones públicas».
