La asociación e-Cristians, en nombre propio y de otras asociaciones cristianas, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante el acuerdo y petición del Congreso al Defensor del Pueblo de crear una comisión independiente encargada de investigar las denuncias de pederastia y abusos sexuales exclusivamente en el ámbito de la Iglesia católica.
Se trata de un hecho insólito y sin duda llamativo el hecho de que una organización cristiana considere que una decisión del parlamento de su país discrimina a los católicos, constituye un precedente que va a tener consecuencias y recorrido en España y también en Europa.
Para profundizar en el porqué, hemos entrevistado a Josep Miró i Ardèvol presidente de esta asociación y miembro emérito del Consejo Pontificio para los Laicos nombrado primero por Benedicto XVI y después por Francisco hasta que este organismo desapareció integrado en el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida.
La primera pregunta es una obviedad necesaria. ¿Por qué han presentado el recurso de amparo?
Desde el momento en que conocimos la existencia de la propuesta del Partido Nacionalista Vasco a la que después se añadió el resto, consideramos que la iniciativa tenía carácter discriminatorio. Hay que decir que nacía de una cierta buena voluntad, lo que intentaba el PNV era desvirtuar otra iniciativa que quería crear una indagación semejante sobre la pederastia y los católicos pero en el ámbito de una comisión del Congreso. Pensaron que remitiéndolo a una comisión del Defensor del Pueblo se reducía la espectacularidad a la cuestión. Sin embargo, no se reparó, y eso dice mucho de la escasa sensibilidad que poseen los partidos políticos ante el hecho católico, de que tal decisión continuaría siendo discriminatoria, como obviamente prohíbe el artículo 14 de la Constitución, que impide lo que sería un trato desigual y perjudicial en razón de sexo de origen y también de religión.
Con un ejemplo se ve claro, y no deja de ser también lamentable que tengamos de acudir a él para conseguir esta claridad. Supongamos que el mismo texto se hubiera aprobado, pero allí donde se refiere al ámbito católico hablara por ejemplo de otro tipo de comunidad, por ejemplo de los gitanos, y en lugar de pederastia pues se refiriera a otro tipo de delito, el de las ocupaciones violentas. ¿Cómo habrían reaccionado los partidos del Congreso, la opinión pública o los medios de comunicación ante una iniciativa de este tipo? Me parece evidente que se habrían indignado porque no se puede vincular un delito a un colectivo específico en razón de su naturaleza étnica, cultural o religiosa. Pues bien esto es lo que ha sucedido en el caso de los católicos y la pederastia.
Entonces, ¿ustedes se oponen a que se indague sobre este tipo de delito en el ámbito de la Iglesia católica?
De ninguna manera, a lo que nos oponemos es que se vincule estrictamente a este ámbito católico cuando, además, todos los estudios revelan qué los casos que tienen este origen son absolutamente minoritarios y que pueden oscilar, según la fuente a la que acudamos, entre un 0,2% y un 0,5% del total. ¿Entonces qué sucede con el 99,5% restante? Pues que va a permanecer oculto como hasta ahora porque la pederastia es un delito terriblemente extendido. Cada año se producen entre 5.000 y 6.000 denuncias por abusos de este tipo y esta cifra ya da una idea de su extensión social, pero con el acuerdo del Congreso todo esto nunca se examinara.
Es más, afirmamos que lo que se está haciendo es utilizar a los católicos a la Iglesia como chivo expiatorio para desviar la atención y ocultar la dimensión de la pederastia en nuestra sociedad, y las responsabilidades específicas de su extensión en el ámbito de las instituciones públicas que son directa responsabilidad del Estado. Por tanto, lo que pedimos es que se estudien todos los casos y se aborden todas las víctimas y a partir de ahí sí se podrán definir políticas públicas eficaces para prevenir y paliar los daños. Eso es lo que pedimos y, en este contexto global, es evidente que también aflorará aquel 0,2% o 0,5%, pero será en un contexto real y no bajo un relato de chivo expiatorio.
¿Está usted afirmando que el Gobierno, o si lo prefiere en términos más amplios, los poderes públicos miran hacia otra parte a la hora de abordar esta cuestión?
Mi respuesta es que sí. Como mínimo desde 1996 el entonces Ministerio de Asuntos Sociales tenía conocimiento de la importancia de la pederastia en las escuelas, y del número de casos que aproximadamente se producían y la afectación que tenían entre los menores y sobre todo las niñas. Esto lo explicamos en el dictamen previo al recurso que ha realizado en nuestro grupo jurídico dirigido por el jurista Manuel Silva.
Desde entonces ningún Gobierno ha hecho nada y ahora, cuando hay una actuación, resulta que en lugar de abordar en primer término lo que es responsabilidad directa del Estado, lo que hace es situar el foco en la Iglesia católica, a pesar que se sabe que sus casos son escasamente numerosos y mayoritariamente antiguos. Además, la pederastia se ha multiplicado de la mano de la muy extendida pornografía infantil, y de la brutal sexualización de la actual cultura dominante.
¿Además de la no discriminación, tienen otras objeciones al acuerdo parlamentario?
La respuesta es afirmativa por que hay más vulneraciones constitucionales y legales, aunque no sean de la dimensión por la que presentamos el recurso porque la discriminación significa la vulneración de un derecho fundamental.
Otra objeción de peso, por ejemplo, es que la proposición de ley en ningún momento justifica de manera razonable el por qué ciñe la investigación de la pederastia solo al ámbito católico. Esto convierte al acuerdo en arbitrario, que es una práctica prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución, que garantiza que los poderes públicos nunca pueden adoptar decisiones de esta naturaleza. Se trata en definitiva de una obvia protección ante acuerdos injustos que se alcancen porque se posee la mayoría, porque en un estado de derecho esta condición necesaria no es suficiente para adoptar cualquier medida.
En tercer lugar también es muy evidente que no se puede encargar al Defensor del Pueblo la tarea de indagar a la Iglesia, que es una institución privada, porque su finalidad no es esta y está claramente definida en la Constitución y todavía más en la ley que desarrolla la figura del Defensor del Pueblo. Esa descripción de funciones afirma que esta institución debe actuar sobre las administraciones públicas y solo sobre ellas y, en todo caso, en defensa de las personas y de la sociedad civil.
Con el acuerdo del Congreso se produce una inversión perversa de la naturaleza de la misión del Defensor del Pueblo, constituye un precedente nefasto para la probidad de esta institución, que si no lo resuelve el Congreso el propio Defensor del Pueblo lo va llevar a cabo si no quiere incurrir en una responsabilidad histórica de haber degradado por parcialidad política esta institución tan importante para los derechos humanos. Está en sus manos hacerlo, la ley le confiere el derecho de no responder a ningún mandato imperativo y, por tanto, no tiene ninguna obligación de obedecer al acuerdo del Congreso. Si lo hace será estricta responsabilidad suya.
¿El recurso presentado es el final de sus acciones o piensan continuar?
El recurso de amparo es solo el inicio de una acción dirigida a defender los derechos fundamentales y los derechos constitucionales no solo de los cristianos sino de todas las personas. Vemos con preocupación que cada vez más este Gobierno retuerce, adultera o simplemente incumple un conjunto de garantías y derechos que tenemos claramente definidos los ciudadanos y la sociedad civil de este país de la que los cristianos formamos parte.
Vamos a actuar porque no vemos una respuesta suficiente en el ámbito político, y nuestra sociedad en buena medida permanece un tanto dormida en estas cuestiones, o quizá sería mejor decir preocupada por otros temas que en la crisis existente son mucho más vitales. Como organización que somos con una finalidad de llevar la concepción cristiana y, por lo tanto, la concepción social cristiana al espacio público político, estaremos ahí.
En este sentido, en primer término daremos continuidad al recurso transformándolo también en una iniciativa en el ámbito de los partidos políticos para que asuman una posición y se comprometan en uno u otro sentido y después en el ámbito de las organizaciones europeas e internacionales, que vendrán por los derechos fundamentales.
