El 3 de febrero empieza en el Congreso el trámite de aprobación de la propuesta de reforma del Código Penal que castigará con penas de cárcel de entre tres meses y un año a las personas provida que acuden a las inmediaciones de las clínicas abortivas para ayudar a las madres o para rezar.
Es por eso, y para hacer llegar su disconformidad, que varias de las organizaciones que integran la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad, van a estar presentes en el Senado como protesta.
La iniciativa manifestará su oposición absoluta a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo, a través de la que se plantea una grave restricción de las libertades y derechos fundamentales de todos los españoles.
La estructura del acto empezará en la Sala Clara Campoamor del Senado de España con la bienvenida a las organizaciones civiles a cargo de los Grupos que participen (estarán PP y Vox y UPN, que tiene un solo senador).
Posteriormente habrá una presentación por parte de representante de la Asamblea por la Vida y Neos y las demás organizaciones que las integran a cargo de María San Gil y de Jaime Mayor Oreja. Por parte de e-Cristians, impulsora de la Asamblea de Asociaciones, participará en el acto el miembro de la Comisión Ejecutiva, Pablo Ginés.
Posteriormente explicarán las acciones de los rescatadores Marta Velarde Mayol, de Más Futuro y Rescatadores San Juan Pablo II. Acto seguido participará la Escuela de Rescatadores a cargo de Jesús Poveda.
Finalmente, tras algunos testimonios habrá una rueda de prensa con los todos los participantes en el Salón de los Pasos Perdidos.
El añadido de última hora es fruto de una enmienda que presentó el PNV a la proposición de ley orgánica primigenia del PSOE, partido del que partió a mediados de año la iniciativa para introducir este tipo penal exprofeso contra los provida. Enmienda que los socialistas han aceptado.
Los nacionalistas vascos argumentan que la persecución penal debe ser de oficio, y no como delitos privados, porque «en esto las mujeres también precisan acompañamiento institucional». Y añaden que, de requerirse denuncia, «muchos delitos quedarían impunes porque ante todo las mujeres quieren preservar su intimidad».
De esta manera, y siguiendo el protocolo de la violencia de género, bastará con que cualquier persona que afirme estar presenciando un delito a las puertas de una clínica abortiva llame a la Policía. Los agentes se personarán y elaborarán un escrito que remitirán al juez (no hay detenciones salvo en los casos de violencia). El juez, a su vez, citará a las partes a un juicio sobre delitos leves.
Hay una segunda homologación con los casos de violencia de género. El apartado 3 del nuevo artículo 172 quater del Código Penal abre la puerta a dictaminar órdenes de alejamiento: «Atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años».
