Apreciado amigo/Apreciada amiga de e-Cristians:
Es una desdicha histórica, pero parece que el gobierno catalán no tenga otra misión que empeorar aquello que es deficiente y ha impulsado el gobierno español. Ahora es el caso de la ley trans. El gobierno Sánchez, bajo la iniciativa de la defenestrada Irene Montero, logró sacar adelante una ley polémica, la de protección de los derechos de las personas LGTBI y de las personas trans, que incorporaba el insensato principio de la autodeterminación de género, entre otras cuestiones negativas que afectaban a los menores y a la disminución de la capacidad de los padres de poder decidir en nombre de sus hijos en una cuestión tan importante como el cambio de sexo. Esta ley parte de la llamada autodeterminación de género que significa que cada persona decide, cuando le conviene, si es hombre o mujer y que no debe hacer otra cosa que presentar el requerimiento en el Registro Civil acreditando solo su voluntad. Y no es necesario cambiar el aspecto físico, ni haber experimentado ninguna transformación, ni siquiera haber vivido durante un período de acuerdo con el sexo que dice sentir; de hecho, ni requiere cambiarse el nombre. Esto, naturalmente, está dando lugar a conflictos y abusos que ya se habían anunciado, como también se habían anunciado los problemas que comporta que menores de edad den este paso y adopten procesos de hormonación cuando no han llegado a su madurez física. Pues bien, «si no quieres caldo tres tazas», la ley catalana que este departamento perfectamente inútil llamado de Igualtat i Feminismes también quiere hacer su ley acentuando todo lo peor que tenía la ley española. Por ejemplo, en el caso catalán el recorte de los derechos de los padres es aún más agresivo. ¡Quién iba a decir para lo que acabaría sirviendo el Derecho Civil catalán! También se acentúa el conflicto en el ámbito deportivo porque en el caso de Catalunya se obliga a las federaciones que las mujeres trans, es decir personas dotadas de biología de hombre, compitan necesariamente y de forma obligada en las competiciones femeninas, hecho que otorga a las trans una ventaja de salida extraordinaria y condena a las mujeres que compiten contra ellas a hacerlo con inferioridad de condiciones dada su caracterización biológica. Es otra aberración. Es irracional. Es contrario a cualquier pensamiento ilustrado, a cualquier idea de modernidad, pero es lo que hay.
Además, se ha puesto a información pública sin documentación anexa y con un plazo de solo 15 días que prácticamente casi ya está agotado. Se cumple la letra de la ley, pero evidentemente se evita que la ciudadanía tenga un buen conocimiento de lo que quieren hacer y se produzca el subsiguiente debate.
La única esperanza para que esta ley no prospere sería que hubiera elecciones anticipadas y esta es una razón más para que este sea un objetivo cívico deseable. El otro, mucho más amplio, es que nada tiene que ver con la democracia parlamentaria que Catalunya sea regida por un gobierno que solo tiene el apoyo de 33 diputados sobre 165, lo que da lugar a un juego de la partitocracia fuera de toda coordenada europea.
Hay que prestar atención a este punto y avanzar en la línea de la exigencia cívica de unas elecciones anticipadas.
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