El Departamento de Educación ha hecho pública la resolución por la que se impartirá la enseñanza de religión islámica en primero de Primaria y primero de la ESO en algunos centros públicos. Este plan piloto, según el Departamento de Educación, es consecuencia del derecho que asiste a los padres «a que sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones en los centros educativos de titularidad pública» (art. 21.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña). La aplicación de esta norma «se enmarca -señala el texto- en la llegada de la religión islámica a las aulas catalanas respondiendo al pacto de cooperación entre el Gobierno central y la Comisión Islámica de España para que los alumnos que profesan esta fe puedan recibir una enseñanza de acuerdo con sus creencias como ocurre con los de religión católica en los centros públicos a lo largo de las etapas de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato».
Celebramos que el Departamento de Educación reconozca y garantice este derecho de algunas familias que quieren la enseñanza de la religión islámica para sus hijos, pero no deja de sorprender la contradicción entre esta decisión y la continuada discriminación que desde el Departamento, la inspección educativa y muchos directores de centros públicos se ejerce contra la enseñanza de la religión católica, ocultando la posibilidad de la opción, o poniendo todo tipo de inconvenientes a los padres que quieren optar a ello, este año aprovechando la excusa de evitar la propagación de la Covid-19.
Por este motivo, reclamamos al Departamento de Educación que:
- Se garantice -en aplicación a la normativa vigente- la oferta de la enseñanza de la religión confesional (católica, evangélica, musulmana y judía) en todos los centros y en todas las etapas (Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional), respetando la voluntad de las familias.
- Sea efectiva la aplicación del art. 21.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y que el Departamento ponga fin a aquellas acciones u omisiones de los responsables de los centros educativos que de facto han impedido o dificultado impartir la clase de religión católica, adoptando las medidas necesarias por parte del Departamento y en relación con los directores y la inspección para que cesen de forma inmediata con estas prácticas discriminatorias que atentan contra este derecho fundamental de las madres y padres.
Emprendiendo estas actuaciones, el Departamento de Educación hará camino para reparar la discriminación.
