El gobierno de la Generalitat de Cataluña y la Iglesia. Cuando los poderes públicos hacen un uso indebido de sus atribuciones. Declaración de e-Cristians

DECLARACIÓN DE E-CRISTIANS 28 de julio 2020

Hemos conocido las desafortunadas declaraciones del Presidente Torra, anunciando que sancionará a la diócesis de Barcelona, y contra la persona del Cardenal Arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella, que han sido precedidas por la desafortunada decisión del PROCICAT de prohibir el funeral por los muertos de la Covid- 19 en la Basílica de la Sagrada Familia.

Son unas manifestaciones extemporáneas contra una Iglesia que ha mostrado un exquisito seguimiento de todas las medidas de los poderes públicos.

La decisión de prohibir los funerales constituye un acto arbitrario porque:

  • Una decisión de rango administrativo no puede vulnerar el derecho al culto y a la libertad religiosa, reconocidos en la Constitución, más cuando las medidas adoptadas, como la de limitar el aforo al 20%, cumplían sobradamente con todas las regulaciones vigentes. El gobierno catalán no puede actuar al margen de los derechos constitucionales.
  • El mismo domingo se celebró en todas las parroquias de la diócesis de Barcelona el precepto dominical con plena normalidad, y con asistencias mucho más numerosas que las 10 personas, que es el límite fijado por el PROCICAT. Funeral no, y Misas dominicales y diarias, ¿sí?
  • Los gobiernos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona apresuraron la apertura de la Sagrada Familia, dado su atractivo turístico y el rendimiento económico que se deriva, y después querían impedir el funeral. Turistas, sí, culto religioso, ¿no?
  • No tiene ningún sentido limitar el aforo de bares y restaurantes al 50% del aforo, una magnitud relativa, y establecer al culto una medida absoluta, máximo 10 personas, sin considerar la amplitud del recinto, las distancias y medidas de seguridad.

Esta actuación beligerante contra el culto ha venido precedida de otra desafortunada actuación a cargo del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC) y la Consejera de Justicia Ester Capella (ERC). Ambos presentaron, con exceso escenográfico, el listado de las inmatriculaciones de la Iglesia en Cataluña. Lo grave es que lo hicieron en unos términos tales, que daban a entender que se había producido una especie de abuso o arbitrariedad eclesial, al tiempo que incitaban a que se presentaran reclamaciones. Es un hecho insólito en Europa por la forma y el fondo.

A continuación, la televisión pública de Cataluña, TV3, hizo una presentación de la información absolutamente sesgada y en el mismo sentido.

La Conferencia Episcopal Tarraconense (CET) se ha manifestado con claridad y diligencia sobre la cuestión en un comunicado en el que precisa la realidad de los hechos. e-Cristians se adhiere a lo manifestado por la CET. En definitiva, una inmatriculación no es otra cosa que la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad y es necesario que ningún particular o entidad la tuviera registrada antes. En cada registro se debe presentar la documentación de prueba de la titularidad eclesial.

¿De quién serán las catedrales, basílicas, templos, capillas y edificios y terrenos parroquiales sino de la Iglesia, que los ha construido y cuidado a lo largo del tiempo? La Basílica de la Virgen de la Mercè, las Catedrales de Barcelona, Girona, Solsona, Tarragona, archivos históricos diocesanos, como el de Tarragona, casas y huertos rectorales, templos románicos, cientos y cientos de capillas urbanas y rurales, casas parroquiales, cementerios parroquiales, ermitas, conjuntos parroquiales, más del millar de iglesias, no hacen otra cosa que mostrar la imbricación cultural, arquitectónica, social y religiosa de la Iglesia y Cataluña, forjada en 2000 años de historia, que de momento culmina con la obra más reciente, la basílica de la Sagrada Familia.

Es injusto que muchos bienes de la Iglesia, que son previos al mismo Estado, y que ella ha garantizado a lo largo de los siglos, quieran ser cuestionados.  Tendría sentido si se limitara a casos concretos, un determinado terreno, un inmueble, … ¿pero la lista presentada por la Generalitat?, es un absurdo y, además, costoso.

Se sorprenden de que ERC, y el actual gobierno de la Generalitat, inciten a determinadas reclamaciones privadas con finalidad económica, cuando los bienes de la Iglesia forman parte de uno de los bienes comunes de más larga historia y dimensión de Cataluña.

Finalmente, hacemos notar que es demagogia atacar a la Iglesia, cuando destina sus bienes a ayudar a los necesitados (Cáritas) y a mantener la parte principal de nuestro patrimonio histórico y arquitectónico, y al mismo tiempo callan ante los fondos buitres internacionales, que están comprando a precio de saldo los bienes rescatados con los impuestos de todos los ciudadanos. Cuelan mosquitos y se tragan los camellos.

Consideramos fuera de lugar todas estas actuaciones del actual gobierno de la Generalitat. Apoyamos a la Conferencia Episcopal Tarraconense y a la diócesis de Barcelona, y manifestamos nuestra solidaridad con el Cardenal Omella.

Reclamamos del PROCICAT y del actual gobierno de la Generalitat que, de una vez por todas, actúe con eficacia para protegernos de la Covid-19, en lugar de querer ocultar su incompetencia abriendo conflictos allí donde no los hay.

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