El confinamiento de la comarca del Segrià, debido al crecimiento de la pandemia, ha mostrado en primer plano un problema social que expresa al mismo tiempo una crisis moral que viene de tiempo atrás. Es la situación de los temporeros de la fruta que viven muchos de ellos en unas condiciones absolutamente inhumanas: no tienen papeles, ni contrato de trabajo, ni tarjeta sanitaria. Muchos duermen en barracones en malas condiciones e incluso otros lo hacen en la calle. Este año este hecho se ha multiplicado porque han acudido más personas de esta condición de las habituales. Pero, es una situación que se repite año tras año sin que las administraciones hayan hecho un abordaje firme de la misma. Parece como si los gobiernos locales, el catalán y el español tuvieran una gran facilidad para hacer declaraciones genéricas de solidaridad con los inmigrantes y los refugiados, pero que, a la hora de concretarlo, todo quede en nada. Y no sólo eso, sino que como el problema es complejo, las responsabilidades administrativas están repartidas entre varios niveles y facilita que se pasen la pelota, o incluso la acusación, de unos a otros.
Con todo esto, también se produce una crítica, la mayoría de veces injustificada, a los agricultores que contratan estos trabajadores. Seguro que una pequeña parte de estos agricultores los explota, pero no es el caso de la gran mayoría. Y en todo caso, sabiendo lo que sucede, la inspección laboral de la Generalitat debería actuar para obligar a regularizar aquellas situaciones desastradas, y esto se hace en escasa medida. Como en escasa medida ha actuado preventivamente el Departamento de Salud de la Generalitat en la situación actual de pandemia.
Como cristianos, lo primero que hay que reclamar es la acogida y el trato humano a todas estas personas; es decir, garantizar que tengan un lugar digno donde descansar y poder permanecer cuando no trabajan. Si los trabajadores de la fruta son necesarios porque sin ellos no se podría recoger la cosecha, es evidente que hay dos condiciones que deben cumplirse: la del salario estipulado en la legislación y la de las condiciones de vivienda.
Las diversas administraciones públicas deberían coordinar el ejercicio de sus competencias para garantizar a estos trabajadores durante la campaña de recogida, además del salario que les corresponde legalmente, la atención humana básica relacionada con la sanidad y el descanso.
Pedimos a la Generalitat, al gobierno español y a las autoridades locales y comarcales que sean capaces de ponerse de acuerdo para concretar una respuesta que esté a la altura de la dignidad humana de los temporeros. Si esta necesidad se hubiera satisfecho antes, con toda certeza Lleida hoy no tendría el problema que tiene.
