La mayoría del Congreso de los Diputados y la Fiscalía General del Estado no indaga sobre el 99,8% de los casos de Pederastia. Solo les interesa el 0,2% presuntamente atribuible a sacerdotes y religiosos.
Los datos son bien conocidos: los casos de pederastia confirmados y presuntos producidos entre 2009 y 2019, es decir, los que realmente tienen efectos penales porque no han prescrito, tan solo incriminan a sacerdotes y religiosos en un 0,2%. Este dato procede de la fundación ANAR, que desde 1970 se dedica a la atención de niños y adolescentes en riesgo.
Lo que significa que en su casi totalidad las víctimas de presuntos abusos han tenido otros responsables: destacan los casos cometidos por los familiares más cercanos (39,2%), por el entorno familiar más lejano y los amigos de la familia (15,3%), por la pareja o expareja del menor (8%) y por los profesores y monitores del ocio (4,7%).
La cuestión es ¿por qué dada a conocer esta lacra social de la pederastia, ni el Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General investigarán la inmensa mayoría de casos, limitándolos tan solo al 0,2% eclesiales? La manipulación de la realidad y la discriminación que se comete se hace evidente si se considera que, los profesores, que representan el 3,7% de los presuntos abusos y que no son ni de lejos el colectivo más numeroso, que a su vez es un grupo corporativo básicamente integrado por funcionarios estatales y significa 18 veces más que los sacerdotes y religiosos, no son objeto de atención. ¿Es que el Estado es inocente de las responsabilidades de su colectivo?
e-Cristians y Cristianos en Democracia, hemos puesto en marcha esta alerta para que puedas pedir al Congreso de los Diputados que rectifique y estudie todos los casos de pederastia atribuibles a otros colectivos, especialmente los relacionados con el Estado.
Manda tu petición de rectificación a los componentes de la Junta de Portavoces y a los presidentes de los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados
