Carta de la plataforma Los 7000 solicitando al Congreso la Suspensión del tramite de la Ley de Eutanasia

A todos y cada uno de los diputados y diputadas del Congreso

 Petición para la suspensión de la tramitación del proyecto de ley sobre la eutanasia hasta disponer de un plan de atenciones paliativas para el conjunto de la población

Excm. Sr. / Excma. Sra.:

Nos dirigimos a usted apelando a su responsabilidad personal, para que obrando en conciencia y de acuerdo con otros diputados de su mismo grupo y de otros, y de acuerdo con el reglamento del Congreso, solicite la suspensión del procedimiento de aprobación del proyecto de ley sobre la eutanasia. Para ello y según el artículo de dicho reglamento basta con 15 diputados para que la petición sea debatida.

Las razones para detener el procedimiento en curso son abrumadoras:

1. El Atlas de los Cuidados Paliativos en Europa, presentado en el XVI Congreso Mundial EAPC 2019 en Berlín, describe la pésima situación de España. Solo se dispone de 0,6 servicios especializados por cada 100.000 habitantes, cuando la cifra razonable debería más que triplicarse, hasta los 2 servicios. España cuenta con 260 recursos específicos, por los 570 de Italia, o los 587 de Polonia, un país con menor población y PIB. Estamos situados al mismo nivel que Georgia o Moldavia.
2. De acuerdo con los datos publicados por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), cada año mueren en España más de 80.000 personas que no pueden recibir al final de la vida las atenciones paliativas En los próximos 10 años cerca de un millón de ciudadanos morirán condenados al sufrimiento por falta de esta atención médica especializada.
3. En España hay 236.000 personas en la lista de espera de la dependencia muchas de ellas en situaciones severas y dolorosas de discapacidad.
4. 2,5 millones de personas viven en condiciones de pobreza severa que condiciona todas sus vidas y las deja inermes ante el dolor y el sufrimiento.
5. Más de 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas, sin que muchos cientos de miles no dispongan de la capacidad para ser autosuficientes en su vida cotidiana. De ellos 850.000 tienen 80 o más años y la gran mayoría son mujeres: 662.000, que viven en muchos casos en condiciones de indefensión extrema.

Ante esta situación es una injusticia que la prioridad legislativa sea la eutanasia. En estas condiciones la libertad de opción no existe porque no es una opción elegir entre la falta de medios, el abandono y el sufrimiento, o la muerte infligida por un médico.

La idea de que la petición de morir será lúcida y responsable, cuando el sujeto es susceptible de situaciones de desamparo, dolor físico y psíquico, es una patraña, porque objetivamente ningún acto acometido bajo aquellas condiciones sería aceptado como una decisión libre y autónoma por un juez o un jurado. Precisamente esta fue una razón fundamental para que el Tribunal Supremo de Estados Unidos de 26 de junio de 1997, con mayoría designada por el Partido Demócrata, afirmase que la eutanasia es una vía para coaccionar a los más débiles y dependientes.

Practicada en las actuales condiciones sanitarias y de vida que rigen en España, la eutanasia es la pendiente a la que se empuja a los más pobres, débiles y necesitados, los que no disponen de medios para evitar el sufrimiento y disponer de compañía. Es en realidad un factor, y muy grave, que acentúa la ya de por si gran desigualdad social entre los ciudadanos de este país.

Asimismo, es un factor decisivo el hecho de que sea muy reducido el número de países que han legislado a favor de legalizar el homicidio como acto médico bajo determinadas condiciones. En Europa solo el Benelux y Suiza. En el resto del mundo solo lo está en Canadá y Colombia. Y no se trata de que sea una novedad. Como mínimo desde el siglo pasado en términos significativos, y originalmente a finales del XIX, pequeños grupos lo han solicitado en muchos países sin éxito, con la única excepción de Alemania en los años treinta del siglo XX, en una corta experiencia.

Señor diputado/Señora diputada: hay que asumir la evidencia y actuar en consecuencia. Ya en 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó con claridad que la respuesta son los cuidados paliativos. Del mismo modo, la Resolución 1.859 de 2012, adoptada en su sesión de 25 de enero por el Consejo de Europa, sienta el principio de que la eutanasia, entendida como acto intencional de matar, debe “ser siempre prohibida”.

En las actuales condiciones, presentar la eutanasia como una ampliación de derechos y un ejercicio de libertad es una gran hipocresía, porque tal elección no existe. No lo será mientras no se disponga de los cuidados paliativos y el acompañamiento para toda la población, como condición previa. Sin ellos no existe la libertad de elección y la autonomía personal, y sí -y solo- la imposición del Estado sobre los socialmente más débiles e indefensos.

Aprobar una ley como esta resulta improcedentemente tétrico en el escenario de la pandemia, cuando la muerte se ha apoderado de tantas personas, cuando existen hechos probados de la desatención sufrida por muchas personas mayores, cuando –además- ellos son la mayoría de los fallecidos. ¿Qué pensarán los ciudadanos de un Congreso que legisla ahora sobre esto, en lugar de ocuparse de la vida y la salud?

Desde el punto de vista de las opciones políticas que apoyan al Gobierno, y de aquellas otras que comparten su iniciativa de un pacto de Estado, deseamos manifestar que aprobar una ley tan divisiva como la de la eutanasia es contraria a aquel propósito, porque desune en un punto tan crucial como es el sentido de la vida humana.

Llamamos su atención: no estamos debatiendo sobre la eutanasia, sino sobre lo que realmente esta representa en un país donde el estado de los cuidados paliativos es penoso, y muy graves las desigualdades y penurias sociales de una parte de la población, especialmente mujeres mayores y solas, y que además se encuentra inmerso en una crisis sanitaria de dimensión histórica. No le planteamos que rechacen la ley. Solo demandamos que suspendan su tramitación, y acuerden, por iniciativa de la Cámara, la exigencia de que el gobierno presente un plan de cuidados paliativos para toda la población, dotado de presupuesto y plazo de ejecución. Hasta que ello no suceda y el plan inicie su aplicación, el proyecto debe permanecer paralizado, pues no se dan las condiciones para un debate serio sobre la eutanasia, como el que supuestamente sustenta la iniciativa legislativa.

Un país que solo puede ofrecer sufrimiento como alternativa a la muerte es indigno. No sean cómplices de ello.

¡Cuidados paliativos primero!

Plataforma Los 7000 y que encabezan:

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