Aborto, una nueva ley que vulnera los derechos constitucionales

Apreciados amigos/Apreciadas amigas:

Os deseo, para todos aquellos que ya hayáis vuelto de vacaciones, lo mejor para vosotros y para vuestras familias. Y para aquellos que las empiecéis y todavía estéis en el descanso, os deseo la mejor estancia. Todos conocéis por los medios de comunicación que las perspectivas generales (económicas, sociales y políticas) oscilan entre la confusión y una cierta negrura. Es necesario afrontarlas con confianza y esperanza, que es la condición propia del cristiano. Si alguna diferencia debe marcar nuestra forma de vida en relación con el pensamiento secular, es precisamente el de ese sentido de esperanza.

Hecho este necesario saludo, no quiero extenderme más en esta primera comunicación, pero no puedo dejar de subrayar una tontería más del gobierno Sánchez. El calificativo no responde a ninguna falta de respeto, sino que es una descripción exacta de una acción de gobierno que consiste en aprobar por vía urgente un nuevo proyecto de aborto del que no existe ninguna necesidad ni urgencia, para levantar una vez más la bandera del emotivismo en ese terreno porque en todos los demás sus banderas o son falsas o están arrastradas por el polvo de la crisis y la inflación. Es una grave anomalía democrática que se apruebe una nueva ley para el aborto cuando está pendiente de resolución, y hace 12 años, el recurso contra la ley vigente. Actuando de esta manera se produce una profunda alevosía en las garantías del estado de derecho, porque cuando se produzca la sentencia no tendrá ningún efecto, ya que estará relacionada con una ley que ya no existirá porque habrá una nueva aprobada. De este modo el gobierno burla sistemáticamente de los derechos constitucionales y nos dice con su acción que este estado de derecho se está convirtiendo en un engaño. Más vale que empecemos a decir las cosas por su nombre.

Con esta vulneración de la vida, del derecho, de los derechos de los padres que significa la nueva ley, y que reitera la voluntad de convertir el aborto en el emblema de todas sus políticas, echamos de menos una voz más clara y decidida por parte de la institución eclesial, no ya en España, sino en su autoridad máxima. A muy pocos kilómetros de Roma hay un país que vulnera sistemáticamente las normas de juego democrático, por lanzar ley tras ley contraria a la antropología humana y que choca frontalmente con la concepción cristiana, y pese a esta evidencia lo único que hasta ahora encontramos es el silencio en las voces de aquellos que deben guiarnos. No vale la excusa de siempre de que ya se ha hablado de ello, porque no se trata del aborto en términos generales, se trata de su aplicación en condiciones concretas como las descritas y a lo largo de un proceso que empezó con una nefasta ley sobre la enseñanza, continuó con la ley de la eutanasia en plena pandemia y ahora culmina con esta nueva legislación que por la vía de urgencia se pasa por el forro todas las garantías y procedimientos democráticos, empezando por la garantía constitucional. De todo esto no se ha hablado y es necesario que, más allá de los laicos, la voz de la institución eclesial se haga oír con claridad y fuerza.

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