Apreciado amigo/Apreciada amiga:
El gobierno de Catalunya, tras fracasar de una manera espectacular y terriblemente perjudicial para todos nosotros en la prevención y lucha contra la Covid-19, otorga una prioridad absoluta a aprobar el despliegue de la eutanasia. Después de convertirnos en los «señalados» de Europa por ser el peor territorio en incidencia e ingresos hospitalarios y en la UCI, hasta el extremo que el gobierno francés estableciera protecciones adicionales en sus territorios del sur, atribuyendo el hecho al peligro que genera Catalunya.
Tiene tanta urgencia que ha llevado en la forma de decreto ley, la legislación que desarrolla la ley estatal que permite en determinadas condiciones el homicidio por parte del médico y el suicidio asistido.
El decreto ley es una figura que se reserva para casos de particular urgencia y especial importancia. Pero la Generalitat, al igual que el gobierno Sánchez, lo utiliza sistemáticamente deteriorando asà la misión del Parlament, que es examinar cuidadosamente las leyes para intentar que expresen de la mejor manera posible los puntos de vista de nuestra sociedad. El decreto ley, al obviar todo el trámite parlamentario y dejarlo reducido a un acto casi instantáneo, contribuye a degradar una democracia que ya está bastante dañada. Por otra parte era de esperar que un tema de esta naturaleza fuera objeto de un debate cuidadoso en el seno del Parlament. Pero el gobierno de Aragonès lo ha querido evitar tramitándolo por la puerta trasera. Es inaceptable porque vulnera en el fondo y la forma la práctica parlamentaria. Las leyes no se pueden aprobar de cualquier manera y cuando no se hace bien entra en juego el derecho a la desobediencia y al boicot.
En un paÃs en el que la renta garantizada de ciudadanÃa ha fracasado rotundamente, porque la mayorÃa de las personas que la necesitan se quedan fuera, que destaca por las largas listas de espera de la dependencia, que los cuidados paliativos hace más de una década que no reciben los recursos mÃnimos necesarios. Cuando todo eso que puede contribuir eficazmente a aliviar o eliminar el sufrimiento de muchas personas, es sistemáticamente desatendido, y por otro lado se urge a la muerte como solución y se transforma la dignidad de la profesión médica en una nueva actividad profesional, que nada tiene que ver con ella y que consiste en encontrar la mejor manera de matar a la gente. Cuando esto se presenta como una opción de libertad a pesar de que lo que te ofrecen es sufrir o que te mate este nuevo modelo de médico, es evidente que se ha roto profundamente lo que es elemental en la cohesión de los pueblos, que es el derecho a la vida y a esforzarse para dotarla de dignidad.
Se presenta la eutanasia como la fórmula para solucionar los sufrimientos humanos, fÃsicos o psicológicos, y se reduce asà a la máxima simplicidad lo que tiene una naturaleza múltiple que va desde la soledad, la frustración, la falta de recursos y de esperanzas, pasando por el sufrimiento fÃsico y psÃquico que puede infligir una determinada enfermedad. Hoy una sociedad que opte por acoger la vida, acompañarla y cuidar de ella, tiene múltiples y beneficiosas respuestas en el orden médico, psicológico, social y económico, que son las que la Generalitat omite.
Estamos confrontando dos proyectos diferentes de vida en común. El que da respuesta a través del aborto, la eutanasia y el suicidio, es decir la muerte, y aquel otro que dice que las sociedades tienen que vivir tensionadas por la voluntad de dar respuesta a todo el que sufre, y acoger la vida humana en toda condición, porque en ella radica el fundamento de la dignidad.
e-Cristians rechaza las polÃticas del gobierno español y ahora de la Generalitat en este ámbito, y reclama un cambio radical que sitúe la protección de la vida en el eje de las polÃticas públicas, empezando por una acción eficaz que supere el fracaso del gobierno de Catalunya ante la pandemia, y que dote de los recursos necesarios para que la renta garantizada de ciudadanÃa, el sistema de dependencia y los cuidados paliativos atiendan y den respuesta al conjunto de la población afectada.
