«El día 25 de junio entrará en vigor la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia. No es fácil ni sencillo abordar el final de vida ni el sufrimiento.
La Iglesia Católica, desde sus orígenes, ha tenido cuidado de las personas en situaciones de especial fragilidad y vulnerabilidad tanto en el ámbito sanitario como social. Es desde este compromiso de servicio constante a la sociedad que quiere ofrecer una palabra ante la eutanasia.
La Iglesia Católica pide la promoción de los cuidados paliativos y el desarrollo efectivo de la ley de dependencia, dando realmente cobertura a las necesidades de los enfermos y sus familias.
Ante las situaciones de sufrimiento y de final de la vida, es clave la atención integral, abordando sufrimiento físico, psicológico, espiritual y social, y no prolongando la vida por todos los medios posibles.
En este contexto, es importante clarificar que no son eutanasia aquellas acciones, como la sedación, encaminadas a mitigar el dolor u otros síntomas ni tampoco lo son la retirada o no aplicación de tratamientos desproporcionados, inadecuados o fútiles.
El objetivo de la eutanasia es acabar con la vida de la persona de forma directa e intencional. Desde la convicción de que la vida es un don de Dios que hay que respetar, el compromiso de la Iglesia es el de ayudar a las personas a vivir más de acuerdo con su dignidad intrínseca y favorecer su mayor bienestar, especialmente en situaciones de proximidad de la muerte o de sufrimiento.
Estas situaciones representan un desafío para enfermos y familias. Es deseable reflexionar su desde los propios valores y creencias, y dejar constancia por escrito en el Documento de Voluntades Anticipadas, donde se puede especificar tanto el rechazo a la eutanasia como las acciones destinadas a prolongar el proceso de muerte.
En este sentido sugerimos firmar el Documento de Voluntades Anticipadas elaborado por la Conferencia Episcopal y que, próximamente, se facilitará a las parroquias y comunidades con las debidas orientaciones. De lo contrario, recomendamos a los profesionales sanitarios que se planteen su derecho de objeción de conciencia ante esta ley ».
