De Pablo J. Ginés (Religión En Libertad)
El abogado Eugenio Gay Montalvo, que fue miembro del Tribunal Constitucional español de 2001 a 2012, llegando a ser su vicepresidente, criticó como «un despropósito» que el Parlamento español haya encargado al Defensor del Pueblo (Ángel Gabilondo, que hasta 2021 era un político socialista en activo) investigar los casos de abusos a menores en entidades eclesiales: no es la función de esta figura, dijo, y no tiene sentido ni es justo limitarse sólo a los entornos católicos.
Gay Montalvo recordó que, según la ley, el Defensor del Pueblo existe para defender a los ciudadanos de los abusos y errores de la Administración.
La Constitución detalla que el Defensor existe «para supervisar la actividad de la Administración»... y la Iglesia no es parte de la administración del Estado. La ley que detalla la función del Defensor añade que su función es esclarecer «actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes».
Así, encargarle que investigue hechos que suceden en la Iglesia es absurdo porque queda fuera de sus competencias.
Además, recordó el jurista, «el Defensor del Pueblo tiene autonomía, no está sujeto a mandato imperativo alguno ni recibe instrucciones de ninguna autoridad. No tiene obligación de investigar lo que le pide el Congreso». Es cierto que, si quiere, el defensor del pueblo puede citar a declarar a todo tipo de personas y expertos: los funcionarios y poderes públicos tienen obligación de colaborar, pero nadie más tiene esa obligación.
En cuanto a que haya una investigación parlamentaria sobre los abusos a menores en distintos ámbitos en España, al reconocido abogado le parece bien. Pero que se limite a entornos católicos, no. «Una comisión parlamentaria investigadora, me parece bien. Pero una comisión para perseguir a una etnia o religión, es un despropósito, una temeridad y está fuera del Estado de Derecho», señaló.
Eugenio Gay hizo estas declaraciones en el encuentro online organizado por e-Cristians el martes 3 de mayo por la tarde. El «Informe a la Mayoría» difundido por e-Cristians denuncia «que con el estudio encargado al Defensor del Pueblo no se busca prevenir abusos ni proteger o compensar a las víctimas, ni luchar contra la pederastia en España, sino sólo criminalizar a la Iglesia Católica.
El president d’e-Cristians, Josep Miró, señaló que el encargo del Congreso al Defensor del Pueblo «ni siquiera da motivos de por qué se ha de centrar sólo en entornos católicos, es una cuestión arbitraria. Es evidente que no quieren abordar los abusos sexuales en menores: es una excusa para degradar la imagen de la Iglesia y presentar a los católicos como algo relacionado con los abusos».
Miró añadió que «incluso podría ser un delito de odio, porque si en vez de a los católicos se pidiera al Defensor investigara los robos con violencia que cometen los gitanos, habríamos dicho que era racismo puro y duro. De hecho, en Cataluña, la fiscalía abrió un caso contra el antiguo alcalde de Badalona, García Albiol, porque su campaña habría -presuntamente- relacionado con exceso delito e inmigrantes. Pero eso mismo es lo que hace el Congreso en relación con los católicos».
Eugenio Gay aseguró en este encuentro online que felicitaba «a e-Cristians por su iniciativa, su beligerancia tranquila en la certeza de que, sí, la maldad existe, pero no es patrimonio de ciertas instituciones. No es el Defensor del Pueblo quien debe intervenir en este tema, sino los jueces, y el Parlamento no puede encargarle una investigación cuando no tiene potestad para hacer declarar a nadie».
El jurista reconoce la gravedad y extensión de los abusos a menores en la sociedad, que también ha conocido por su experiencia en tribunales. «Miles de casos llegan a los juzgados y solo unos pocos cientos se conocen. Muchos abusos se dan en entidades bajo tutela de la administración. ¿Y sólo la Iglesia Católica merece la atención del legislador? El control de la sociedad civil, ver si se comete delito, corresponde al poder judicial, no al legislativo», puntualizó.
Añadió, por otra parte que combatir los abusos «no puede ser sólo un tema de jueces. Debe haber una actuación de la Administración más comprometida. Más actuar y menos ir a manifestaciones, que son más propias del pueblo, y no de los administradores».
Gay Montalvo pidió que contra los abusos se empeñe «la sociedad entera, y también la Iglesia, quizá la primera».
Los abusos sexuales a menores están muy extendidos en la sociedad, pero sólo un 1% o menos parecen tener relación con entornos católicos. El Congreso desprecia el 99% del problema y pide al Defensor del Pueblo investigar, sin herramientas adecuadas ni potestad, ese 1%. Los datos que una investigación así ofreciera serían miopes en varios sentidos, señala Miró.
Por ejemplo, «en la sociedad, la mayoría de víctimas de abusos a menores son niñas y muchachas; pero en entorno eclesial son chicos abusados por varones». El abuso a chicas seguiría invisible, los abusadores del mismo sexo quedarían sobrerrepresentados. No mostraría la realidad del abuso. Eso muestra que la investigación en realidad es una operación de «chivo expiatorio» contra la Iglesia.
Para Miró, este caso se suma a otros muchos en España orientados contra las familias y contra los cristianos.
«Estamos ante una dinámica en que se producen leyes que recortan derechos y atacan a un grupo concreto. La ley de Educación recorta el derecho de los padre a la educación moral y religiosa de sus hijos. Ponen en dificultades a la escuela concertada, que es una forma de ejercer ese derecho. La ley de ‘defensa del menor’ en realidad recortaba también la patria potestad. Dan derechos a los menores de edad saltándose los criterios de los padres. El Código penal ahora castiga a quien reza cerca de las clínicas abortistas. ¿Qué colectivo es siempre el perjudicado? Los cristianos, sean de fe o de cultura, que cada día ven normas que nos sitúan como ciudadanos de segunda clase», avisa Miró, que fundó e-Cristians en el año 2000, poco antes de dejar la política de partido.
e-Cristians ha enviado su informe-protesta al Papa («que nos respondió a través de la Secretaría de Estado»), al Nuncio, a todos los obispos, a los presidentes de grupos parlamentarios y al presidente Pedro Sánchez.
El jefe de Gabinete de Pedro Sánchez respondió que la investigación que pedía el Congreso era similar a una de EEUU y otra de Irlanda, pero en realidad no se parecen en nada: la de EEUU la emprendieron los obispos por su cuenta, limitada sólo a clero diocesano, y la de Irlanda se refería a los correccionales y lavanderías tuteladas por el Estado y acabó con el presidente irlandés pidiendo perdón a la sociedad por la desastrosa supervisión estatal de los menores.
e-Cristians seguirá combatiendo las medidas estatales o autonómicas «de chivo expiatorio» que no busquen de verdad combatir la pederastia, explicando algunos de los pasos que va a impulsar:
– un informe jurídico que determine que se está vulnerando con la investigación del Defensor del Pueblo y cómo se le puede responder jurídicamente;
– «estudiar la posibilidad de llevar este tema al Consejo de Europa y al Parlamento Europeo, y quizá juzgarlo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos» (al ser una investigación exclusiva contra entidades católicas)
– darle más difusión a la denuncia, incluso internacional, «también en inglés, como mínimo».
El presidente de e-Cristians añade que la asociación no desea ningún protagonismo y estará encantada de compartir estas acciones con más entidades y asociaciones, y otras personas. «Si nos sumamos muchos podemos hacer más cosas. Por ejemplo, podríamos recoger firmas de personalidades. Y financiar las acciones legales. Muchas acciones requieren contratar un cierto nivel de profesionalidad, así como difundirlas», señaló el presidente de e-Cristians.
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Si te perdiste el encuentro puedes verlo en el siguiente video:
https://youtu.be/IzZvNDFELSk
