Apreciado amigo/Apreciada amiga:
De una manera muy acelerada el estado de derecho español, mediante las iniciativas del gobierno, se va convirtiendo en un estado de leyes. La diferencia es total. En un estado de este tipo los derechos formalmente existen, pero su aplicación y salvaguarda depende en cada caso de quienes son los protagonistas, si pertenecen al régimen o son «desafectos» al mismo. En teoría nuestro estado de derecho establece salvaguardas en la tramitación de las leyes y de la instancia judicial, en último término el Tribunal Constitucional. Pero en la práctica hay procedimientos para deformar estas garantías hasta dejarlas reducidas a la mínima expresión. Es el caso del abuso sistemático del decreto ley que hace el gobierno. Concebido para aplicaciones esporádicas y excepcionales, este instrumento permite liquidar la mayor parte de la tramitación y debate parlamentario reduciendo la posibilidad de enmiendas, consultas e informes de terceras instancias reduciendo la ley a una tramitación breve, una especie de visto y no visto en el que el parlamentarismo pierde todo su sentido. Otra vía de la que abusa el gobierno es sustituir la iniciativa que tiene de presentar proyectos de ley pasando el tema al partido, el PSOE, y presentándolo entonces como propuesta de ley. La diferencia no es menor. En el primer caso, que es el habitual en el estado de derecho, la iniciativa del gobierno está sujeto a una tramitación en la que deben intervenir instancias externas al Parlamento, de consulta de expertos, de preceptivo informe del consejo de estado, etc. Cuando se trata de la propuesta todo esto desaparece y se tramita rápidamente haciendo prevalecer el rodillo parlamentario de la mayoría sin más. Es lo que se ha vuelto a hacer ahora con la ley que pretende enviar a la cárcel a las personas que en los alrededores de las clínicas abortistas rezan o distribuyen folletos a quien los quiera coger. Se trata concretamente de la proposición de ley orgánica para «penalizar el acoso a las mujeres que van a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo» y que consta de un único artículo que quiere penalizar esa práctica con penas de prisión de 3 meses a 1 año. Esta ley, tal como está planteada, vulnera frontalmente los derechos fundamentales de libertad de expresión y de reunión y manifestación. Pero al gobierno le da igual la inconstitucionalidad, porque si consigue aprobarla entrará en funcionamiento y pese a que haya recursos en contra, la lentitud del Tribunal Constitucional llevará a que se esté aplicado durante años y años. El gobierno juega con todas estas deficiencias del sistema para transformar la democracia en «un estado policial rosa con características liberales«. Ya procedió de una forma similar con la ley sobre la eutanasia y la de enseñanza. En pocos meses el gobierno ha dictado una serie de medidas que conllevan el recorte de los derechos, al tiempo que confiere derechos adicionales a quien le interesa. Es una gran contradicción que mientras se quiera llevar a la cárcel a los que rezan en las inmediaciones de una clínica abortista, se hayan despenalizado totalmente las actuaciones de los piquetes de huelga, a pesar de que es evidente que en algunos casos estos actúan de manera muy coactiva.
Ante esta dinámica, que de consolidarse dejará los derechos y la democracia convertidos en una caricatura, debemos alzarnos y presentar una sólida alternativa que interesa evidentemente a los católicos, pero más allá, a todos los ciudadanos, porque dependerá del momento y la circunstancia, tú también podrás ver afectado. Por ejemplo, si tienes una pequeña empresa y despides a un trabajador que no trabaja bien o porque ya no lo necesitas y este te denuncia argumentando que le has echado porque es homosexual, recaerá sobre tus hombros la inversión de la carga de la prueba, y tú deberás demostrar tu inocencia en lugar de que esta sea presumida de entrada. Es un ejemplo más de cómo determinados grupos que forman parte del sistema ven sus derechos multiplicados en privilegios.
Hay que construir la respuesta a la altura del problema. Hay que construir la alternativa cultural en el actual estado policial rosa y traducirla en intervención política.
