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Un hecho es evidente: en la práctica, habrá tantas leyes de la eutanasia como gobiernos autonómicos porque, dadas las competencias en sanidad, son las comunidades quienes aplican la ley y, por lo tanto, determinarán el mayor o menor daño que pueda causar.
Porque daño hace. En esto no debemos engañarnos. Se trata de una pésima ley, y la solución completa solo se alcanzará con su derogación. Pero esta no va a caer del cielo. Es precisamente la acción continuada para evitar mayores daños y defender a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, de su aplicación, que puede contribuir a generar el estado de opinión y de decisión política que lleve al cambio necesario de su liquidación. Leer más.
